León exige a Herrera el mismo rechazo a la Sama-Velilla que a la línea de La Seca

Plataforma Pro-Identidad Leonesa: 07/02/2008
S.C.Anuncibay.-
La plataforma de la montaña leonesa acusa a la Junta de «tomar el pelo» a la provincia

Valladolid cuenta con el respaldo del presidente para que no se construya la infraestructura
El rechazo social de los habitantes de La Seca frente a la línea de alta tensión entre Tordesillas y Segovia encuentra asiento en los despachos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comprometido con los empresarios bodegueros de los viñedos de la Denominación de Origen Rueda, sobre los que se proyecta el itinerario de este tendido, para evitar los daños previstos por el levantamiento de la infraestructura.

En cambio, las 25.000 alegaciones presentadas en la provincia leonesa para forzar a Red Eléctrica Española a desechar el proyecto de la Sama-Velilla no tienen la misma importancia en Valladolid, y la presidenta de la plataforma contra el trazado de esta línea, Camino Alonso, acusa al jefe del Ejecutivo autonómico de «faltar al respeto» a la montaña leonesa y de «tomar el pelo» a sus habitantes.

Herrera se reunió el pasado lunes con parte de los integrantes del movimiento contrario al tendido de La Seca y tras analizar diversos estudios realizados por profesionales de medioambiente, en los que se decía que era preferible reforzar la línea existente que crear una nueva, anunció que trasladaría al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al de REE, Luis Atienza, y al ministro de Industria, Joan Clos, la preocupación de los municipios situados a la sombra del itinerario de un tendido planteado en tierras castellanas.

Este apoyo supone un «agravio comparativo y un desatino» y recuerda Camino Alonso que el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, «quedó personalmente en concedernos una entrevista -que no se ha producido- y después de tres años esperando una respuesta de Herrera nos llega la noticia de que recibe a los representantes de Valladolid. Parece ser que los de León no tenemos otro futuro que nuestra naturaleza virgen y única, con su turismo rural y de calidad; no contamos para nada», lamentó Alonso, quien argumentó la «no necesidad de la línea» con referencias a las figuras de protección medioambientales que tienen los municipios que atravesará la Sama-Velilla. «Nosotros tenemos la declaración de Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga y de los Argüellos, Red Natura 2000, especies endémicas y únicas en el mundo, bosques y faedos, y lo que recibimos es que pasen de todo esto», clamó la presidenta de la plataforma leonesa, quien pidió a los ciudadanos que no depositen su voto a favor del PP, «aunque el PSOE no le va a la zaga».

Herrera considera los estudios medioambientales realizados en Valladolid para erigirse como emisor del rechazo popular que causa en esta provincia la proyección de la línea de alta tensión de La Seca, pero obvia los informes llegados de León, a pesar de alertar estos de un impacto paisajístico sin precedentes para una montaña refugiada bajo la riqueza de su fauna y flora, hoy amenazada.

No es extraña esta postura después de ver a dos presidentes, al de la Junta y al del Principado (Vicente Álvarez Areces) ir a Madrid un 26 de abril del 2005 para sentarse con el máximo responsable de REE, Luis Atienza, y con el ministro de Industria, entonces era José Montilla, y fijar, a espaldas de los municipios leoneses, el trazado de la cuestionada línea.

El jefe del Ejecutivo autonómico recibió elogios por su implicación, aunque todos los halagos llegaron por parte de REE, de nadie más, por ser la comunidad «la que realiza el mayor esfuerzo de generosidad interterritorial».

Ese esfuerzo pesa sobre todos los pueblos amenazados por el recorrido de una autopista eléctrica con torres de más de 90 metros de altura, pero las 25.000 alegaciones presentadas en los ayuntamientos, en algunos como en el de La Pola de Gordón las quejas superaron con creces al número de habitantes, claman un compromiso explícito de los poderes públicos.

Denuncian el nuevo estatuto de Castilla y León por inconstitucional

Emilio Gancedo.-
Excluye a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación de posteriores procesos de reforma
El Defensor del Pueblo admite la alegación y podría elevarla al Tribunal Constitucional.

Los servicios jurídicos de la asociación regional Pro Identidad Leonesa elevó hace unos días ante el Defensor del Pueblo una denuncia en la que se acusaba al nuevo estatuto de autonomía de Castilla y León de «inconstitucional». El Defensor del Pueblo ha admitido esta alegación y en unos meses habrá de emitir una respuesta o dictamen.

Como sólo determinadas instancias políticas o institucionales -entre ellas, el Defensor del Pueblo- pueden elevar denuncias al Tibunal Constitucional, Plataforma Pro Identidad Leonesa ha considerado que el envío de estas alegaciones al Defensor constituye el primer paso o peldaño para que el más alto tribunal se llegue a pronunciar sobre este particular. En concreto, el aspecto que según los abogados de la Plataforma «pudiera adolecer de un vicio de inconstitucionalidad» reside en el artículo 91 (titulado Reforma del estatuto ) del muy recientemente reformado estatuto de autonomía de Castilla y León. En su punto primero puede leerse: «La iniciativa de la reforma ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a una tercera parte de sus miembros o a la Junta de Castilla y León...» y en su punto cuarto: «Las Cortes de Castilla y León podrán retirar con la mayoría cualificada que determine su reglamento la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales antes de que sea aprobada de forma definitiva».

La potestad es de las Cortes Teniendo en cuenta que la Constitución Española, en su artículo 147.3, dispone que la reforma de los estatutos «se ajustará (...) a la aprobación de las Cortes Generales» y en el 87.1 que la iniciativa legislativa «corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado», Plataforma Pro Identidad argumenta que el artículo 91 del actual estatuto de autonomía de Castilla y León adolece de inconstitucionalidad «en cuanto a los legitimados para iniciar la reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León al excluir a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación».

Los tribunales ya se vieron obligados a pronunciarse sobre León
En el pasado, el Tribunal Supremo ya hubo de considerar el tema de la región leonesa y su siempre difícil encaje en la actual circunscripción administrativa llamada Castilla y León. El 13 de octubre de 1983, este tribunal juzgó válido el acuerdo adoptado el 13 de enero de 1983 por la Diputación, favorable a separar León y Castilla, que fue invalidado el 28 de septiembre de 1984 por el Tribunal Constitucional, si bien éste declaraba que la sentencia «no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la comunidad a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo».

Y es que la incorporación de la provincia de León a la actual comunidad, de acuerdo con el artículo 143 de la Constitución, es decir, con la aprobación de dos tercios de los ayuntamientos en un plazo de seis meses, fue muy irregular. Los políticos leoneses habían manifestado con claridad que preferían una comunidad autónoma leonesa.

Proceso irregular A pesar de eso, y de las sucesivas manifestaciones a favor de la autonomía de León -idénticas a las acaecidas en otras regiones-, el Consejo de Ministros aprobó en 1978 la preautonomía de Castilla-León incluyendo a la provincia. De repente, en 1980, UCD y PSOE cambian de opinión «por razones de Estado» -textual-, y se produce el proceso de incorporación de los ayuntamientos de León cuando tan sólo faltaban diez días para que se terminara el plazo. Según el investigador Miguel Ángel González, «hubo acusaciones de coacción, incumplimiento de requisitos para realizar los plenos, falsificaciones de actas y hasta repeticiones de las votaciones hasta que la opción a favor de Castilla y León fuera la mayoritaria».

Por tanto, el 15 de mayo de 1980 se presentó un recurso por irregularidades en este proceso de votación -relativo a 55 municipios leoneses- ante la Audiencia Territorial de Valladolid, que fue desestimado. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que no se manifestó de forma clara ante las irregularidades. El estatuto de Castilla y León, tras múltiples dificultades, fue, pues, el último en aprobarse.

Exponen desde la Plataforma Pro Identidad Leonesa que el artículo 91 del nuevo estatuto de Castilla y León, «pese a que aparentemente cumple con lo dispuesto en el artículo 147.3 de la Constitución ('la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos'), excluye de iniciativa legislativa -en este caso para reformar- a las Cortes Generales y/o al Gobierno de la Nación para la reforma del mencionado estatuto, que no deja de ser una Ley Orgánica y, por tanto, Ley del Estado, ya que sólo lo reconoce para con una tercera parte de sus miembros».

«De esta manera, nos encontramos con la paradoja de que en una Ley Orgánica (estatuto de autonomía), el Estado, pese a tener de forma abstracta iniciativa legislativa conforme con el artículo 87.1 de la Constitución, no puede iniciar la reforma del estatuto de Castilla y León porque la propia Ley Orgánica 14/2007 que aprueba el estatuto de autonomía de Castilla y León se lo impide al establecer que sólo tendrán dicha iniciativa 'una tercera parte de los miembros de los cortes autonómicas o la Junta de Castilla y León», según informan desde la citada asociación.

Resto de España

En cambio, los estatutos de autonomía de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Murcia, Ceuta, Melilla, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña «incluyen claramente entre los legitimados para iniciar su reforma a las Cortes Generales y/o al Gobierno de la nación, cumpliendo con lo establecido en los artículos 66.2, 81 y 87.1 de la Constitución».

Por otra parte, se critica que el punto tercero del artículo 91 del nuevo estatuto castellano y leonés «puede violentar el reglamento del Congreso de los Diputados». El estatuto de la comunidad dispone que las Cortes de Castilla y León «elegirán de entre sus miembros una delegación para participar en la tramitación de la propuesta en el seno de una comisión mixta paritaria», pero Castilla y León accedió a su autonomía por procedimiento ordinario y su tramitación «ha de efectuarse de conformidad con el artículo 136 del Congreso, donde no se establece ninguna comisión mixta paritaria».

En cuanto al punto cuarto, el que aborda la posible «retirada» de la reforma, Plataforma confirma que no existe «en los reglamentos del Congreso de los Diputados ni en el del Senado regulación alguna que posibilite tal devolución, por lo que sorprende que el reglamento de unas cortes autonómicas pueda estar por encima del Congreso de los Diputados». Una posible conclusión que puede sacarse de este estatuto es su intención de blindarse y de eliminar cualquier cambio futuro sobre su configuración actual.

La política de embudo

Ahi va otra patada mas para los leoneses, y ya son demasiadas... Como dijo Jesus, "el que tenga ojos, que vea", y el que vaya a votar a las proximas elecciones, que tenga en cuenta como los partidos PP y PSOE consienten y auspician estos atropellos al pueblo leones al negarle su propia autonomia y autogobierno. Para que? con el chollo que tienen montado los castellanos, robando libremente a los leoneses y legislando a su favor para que todo este en perfecta legalidad. Cuando el ladron es el encargado de hacer las leyes a su medida mal va la democracia...
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La política de embudo
Análisis | Viva la solidaridad
Diario de Leon 10/02/2008

Los agricultores castellanos de Palencia, Valladolid y Ávila, con la connivencia de la Junta, se han quedado con el dinero de los leoneses tras la reestructuración del sector remolachero
F. Ramos - Leon

No es que hicieran falta más pruebas, pero si alguno todavía no se lo cree, ahí va otra: los agricultores de Palencia, Valladolid y Ávila, o lo que es lo mismo de Castilla La Vieja, se han quedado con todo el dinero que Europa entrega por la reestructuración del sector remolachero en la comunidad, que llevaba consigo el cierre de Peñafiel y Miranda, aunque finalmente sólo cierra Peñafiel. Y esto ha sucedido con el beneplácito de la Junta, que no sólo ha mirado para otro lado, sino que lo ha negociado y va a permitir que los cultivadores castellanos cobren el abandono y sigan cultivando, mientras los leoneses que decidieron abandonar se quedan sin un euro. A eso se le llama la política del embudo: lo ancho para Castilla y, ¿lo estrecho?... también.

Los leoneses y los castellanos no se quieren

Hace tiempo que este articulo fue publicado, pero me parece interesante traerlo a la memoria para contrarrestar tanta basura propagandistica del castellanismo y su convenientemente inventado castellanoleonesismo. Por mi salud mental necesito leer cosas asi, que me recuerden que no estoy soñando, y que por mucho que nos repitan las mismas mentiras miles de veces no pueden hacerlas verdad.

Prensa: Diario de Leon. Septiembre 2006
TRIBUNA

JOAQUIN CUEVAS ALLER

ES MUY POSIBLE que a muchos el título de este artículo les suene a demagogia o a simple exageración. Sin embargo, esta frase no es mía: la han escrito muchos de los más grandes historiadores españoles en todos los tiempos. Como muestra voy a elegir cuatro de diferentes épocas, todos ellos de un gran prestigio.

Don Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247), arzobispo de Toledo, nacido en Navarra. Fue el creador de la llamada y nunca titulada Universidad de Palencia. Fue el canciller de Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III el Santo. Fue también un gran conocedor de los problemas entre los Reinos de León y de Castilla. Él mismo intervino en las negociaciones de paz de ambos reinos y nunca fue capaz de llevar dichas negociaciones a feliz término, al menos con Alfonso y Enrique. Sólo pudo finalizar relativamente bien las negociaciones con Fernando porque reinaba en León Alfonso IX, padre del rey castellano y éste deseaba estar en buena armonía con su padre. Ambrosio de Morales (1513-1591), historiador, nacido en Córdoba. Fue cronista de España. Está considerado el mayor investigador de los textos originales hasta su época. Escribió mucho de historia, destacando su Crónica general de España . Admiró mucho a don Rodrigo, anteriormente citado y conoció y escribió sobre las relaciones entre leoneses y castellanos. Don Manuel Risco (1735-1801), historiador agustino, nacido en Haro, provincia de Logroño, actual La Rioja... A la muerte del religioso Enrique Flórez continuó la monumental e inmortal obra España sagrada . Don Manuel Risco está considerado una de las máximas autoridades en investigación sobre los textos medievales de España. Cualquiera que desee ampliar conocimientos o tener una buena información de la Historia de España medieval le es necesario consultar los escritos de este gran investigador. Don Justo Pérez Santiago, conocido como Fray Justo Pérez de Urbel (1895-1979), religioso benedictino nacido en Pedrosa del río Urbel, provincia de Burgos. Es uno de los grandes historiadores del siglo XX. Autor entre otras muchas de la Historia del Condado de Castilla . Este historiador es uno de los grandes investigadores de los textos medievales, en especial de los referentes a Castilla, siendo considerado el mayor conocedor. Ensalza tanto a Castilla, que sólo le faltó llamarla santa. Sin embargo, en un gesto de honradez, dejó escrito la falta de entendimiento y malas relaciones entre León y Castilla. Hasta confesó que Castilla se dejó sobornar por el musulmán Almanzor, llegando hasta la traición, acompañando y luchando al lado de los musulmanes con el fin de destruir la ciudad de León

Como decía al principio, hay muchos grandes historiadores que conocieron y escribieron sobre las malas relaciones entre leoneses y castellanos. Entre las frases utilizadas para explicar estas relaciones las hay suaves y las hay muy duras. Entre las suaves está: «Los castellanos no supieron o no quisieron convivir con los leoneses». Entre las duras está: «La traición de Castilla al Rey de León retrasó el final de la Reconquista más de quinientos años»

He querido aportar en este artículo solamente cuatro historiadores, creo que suficientes, dada su categoría, ninguno leonés, ninguno sospechoso de favorecer a León. Más bien al contrario, todos ellos, ensalzaron a Castilla, especialmente los dos castellanos, pero todos ellos dejaron muy claro que los leoneses y los castellanos no se quisieron en el pasado y por lo visto, ni en el presente. Los escritos de estos cuatro historiadores dejan en el ridículo más espantoso a historiadores actuales estilo «cesarvidales» o «juliovaldeones», que ensalzan por conveniencia las «buenas relaciones» entre ambos Reinos. Por mucho que se quiera investigar, no es posible encontrar un solo conde o rey castellano que hubiera sido fiel a su Rey de León, ni uno sólo. Es más, hubo algún rey castellano que dedicó todo su reinado a atacar a León en lugar de continuar la Reconquista, caso de Sancho II el Fuerte. Ni con lupa es posible encontrar rey o conde castellano que hubiera tenido buenas relaciones con los Reyes de León.

Pero, si la Historia está dejando en ridículo a los historiadores actuales, el lugar en el que está dejando a los políticos es una infamia. Ellos han integrado al Reino de León en un engendro autonómico sin consultar a los ciudadanos, sin respetar los derechos constitucionales legítimos de los leoneses a tener su propia autonomía por la sencilla razón de ser una región española. Tal vez, nuestros políticos no nos consideran españoles y no podemos tener los mismos derechos que los demás.

Ahora los dos grandes partidos políticos están haciendo un nuevo Estatuto de autonomía y, ¡albricias!, van a reconocer que existió el Reino de León e incluso que un rey leonés convocó las primeras cortes democráticas de Europa y hasta fundó la primera universidad de España, la de Salamanca? ¿Qué pasa, qua hasta ahora no lo sabían? o ¿no se habían dado cuenta? ¿Lo acaban de descubrir? ¿A quién quieren engañar? ¿Cabe mayor infamia? ¿Y qué hacen los políticos leoneses, en especial los que ejercen el poder? Dejar en el más completo abandono a los ciudadanos para preocuparse de sus intereses, de su pesebre, de su seguridad, que no falte de nada. Hasta alguno a ese interés personal lo llamó razón de Estado. Y para asegurar su futuro han hecho una alianza de infames, pactando un estatuto de rapiña. Quieren contentar a los ciudadanos leoneses, reconociendo su pasado para conseguir algo. Este algo es el «oro del siglo XXI», que en la provincia leonesa es muy abundante. Se trata del agua absolutamente necesaria para poder garantizar el fuerte desarrollo logrado por Valladolid en los últimos veinticinco años. Y así tener la vida asegurada, esperan que para siempre.