León exige a Herrera el mismo rechazo a la Sama-Velilla que a la línea de La Seca

Plataforma Pro-Identidad Leonesa: 07/02/2008
S.C.Anuncibay.-
La plataforma de la montaña leonesa acusa a la Junta de «tomar el pelo» a la provincia

Valladolid cuenta con el respaldo del presidente para que no se construya la infraestructura
El rechazo social de los habitantes de La Seca frente a la línea de alta tensión entre Tordesillas y Segovia encuentra asiento en los despachos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comprometido con los empresarios bodegueros de los viñedos de la Denominación de Origen Rueda, sobre los que se proyecta el itinerario de este tendido, para evitar los daños previstos por el levantamiento de la infraestructura.

En cambio, las 25.000 alegaciones presentadas en la provincia leonesa para forzar a Red Eléctrica Española a desechar el proyecto de la Sama-Velilla no tienen la misma importancia en Valladolid, y la presidenta de la plataforma contra el trazado de esta línea, Camino Alonso, acusa al jefe del Ejecutivo autonómico de «faltar al respeto» a la montaña leonesa y de «tomar el pelo» a sus habitantes.

Herrera se reunió el pasado lunes con parte de los integrantes del movimiento contrario al tendido de La Seca y tras analizar diversos estudios realizados por profesionales de medioambiente, en los que se decía que era preferible reforzar la línea existente que crear una nueva, anunció que trasladaría al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al de REE, Luis Atienza, y al ministro de Industria, Joan Clos, la preocupación de los municipios situados a la sombra del itinerario de un tendido planteado en tierras castellanas.

Este apoyo supone un «agravio comparativo y un desatino» y recuerda Camino Alonso que el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, «quedó personalmente en concedernos una entrevista -que no se ha producido- y después de tres años esperando una respuesta de Herrera nos llega la noticia de que recibe a los representantes de Valladolid. Parece ser que los de León no tenemos otro futuro que nuestra naturaleza virgen y única, con su turismo rural y de calidad; no contamos para nada», lamentó Alonso, quien argumentó la «no necesidad de la línea» con referencias a las figuras de protección medioambientales que tienen los municipios que atravesará la Sama-Velilla. «Nosotros tenemos la declaración de Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga y de los Argüellos, Red Natura 2000, especies endémicas y únicas en el mundo, bosques y faedos, y lo que recibimos es que pasen de todo esto», clamó la presidenta de la plataforma leonesa, quien pidió a los ciudadanos que no depositen su voto a favor del PP, «aunque el PSOE no le va a la zaga».

Herrera considera los estudios medioambientales realizados en Valladolid para erigirse como emisor del rechazo popular que causa en esta provincia la proyección de la línea de alta tensión de La Seca, pero obvia los informes llegados de León, a pesar de alertar estos de un impacto paisajístico sin precedentes para una montaña refugiada bajo la riqueza de su fauna y flora, hoy amenazada.

No es extraña esta postura después de ver a dos presidentes, al de la Junta y al del Principado (Vicente Álvarez Areces) ir a Madrid un 26 de abril del 2005 para sentarse con el máximo responsable de REE, Luis Atienza, y con el ministro de Industria, entonces era José Montilla, y fijar, a espaldas de los municipios leoneses, el trazado de la cuestionada línea.

El jefe del Ejecutivo autonómico recibió elogios por su implicación, aunque todos los halagos llegaron por parte de REE, de nadie más, por ser la comunidad «la que realiza el mayor esfuerzo de generosidad interterritorial».

Ese esfuerzo pesa sobre todos los pueblos amenazados por el recorrido de una autopista eléctrica con torres de más de 90 metros de altura, pero las 25.000 alegaciones presentadas en los ayuntamientos, en algunos como en el de La Pola de Gordón las quejas superaron con creces al número de habitantes, claman un compromiso explícito de los poderes públicos.

La Junta recomienda "tomarse una tila" a Pro-identidad leonesa tras denunciar el Estatuto ante el Defensor del Pueblo

Ante todo, respetando al pueblo... Eh, señores (por llamarles algo) de la Junta?
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El consejero de Presidencia, José Antonio De Santiago Juárez, recuerda que el nuevo Estatuto de Autonomía fue el que aglutinó "más apoyo"
Diario de Leon: 08/02/2008

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, recomendó este jueves a los miembros de la asociación regional Pro-identidad leonesa que se “tomen una tila”, tras elevar una denuncia ante el Defensor del Pueblo en la que se acusa al nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León de inconstitucional y que podría ser el primer paso para llevarlo al Tribunal Constitucional.

De Santiago Juárez les instó a “mirar” lo que decidieron los parlamentos autonómico y nacional sobre el Estatuto que no obtuvo ningún voto en contra en el Senado y fue “el estatuto con más apoyo” de los aprobados. Asimismo se refirió a aquellos que “están redefiniendo la historia” al asegurar que “respeta la autonomía municipal por encima de todo”, si bien consideró que “no da para atreverse a redefinir la historia”.

No obstante, defendió su derecho a presentar “quejas, pero los parlamentos han hablado”, apostilló. La reforma de un estatuto, recordó, “es un diálogo entre parlamentos”, al tiempo que insistió en que se ha aprobado por “la mayoría aplastante del Parlamento”.

Denuncian el nuevo estatuto de Castilla y León por inconstitucional

Emilio Gancedo.-
Excluye a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación de posteriores procesos de reforma
El Defensor del Pueblo admite la alegación y podría elevarla al Tribunal Constitucional.

Los servicios jurídicos de la asociación regional Pro Identidad Leonesa elevó hace unos días ante el Defensor del Pueblo una denuncia en la que se acusaba al nuevo estatuto de autonomía de Castilla y León de «inconstitucional». El Defensor del Pueblo ha admitido esta alegación y en unos meses habrá de emitir una respuesta o dictamen.

Como sólo determinadas instancias políticas o institucionales -entre ellas, el Defensor del Pueblo- pueden elevar denuncias al Tibunal Constitucional, Plataforma Pro Identidad Leonesa ha considerado que el envío de estas alegaciones al Defensor constituye el primer paso o peldaño para que el más alto tribunal se llegue a pronunciar sobre este particular. En concreto, el aspecto que según los abogados de la Plataforma «pudiera adolecer de un vicio de inconstitucionalidad» reside en el artículo 91 (titulado Reforma del estatuto ) del muy recientemente reformado estatuto de autonomía de Castilla y León. En su punto primero puede leerse: «La iniciativa de la reforma ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a una tercera parte de sus miembros o a la Junta de Castilla y León...» y en su punto cuarto: «Las Cortes de Castilla y León podrán retirar con la mayoría cualificada que determine su reglamento la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales antes de que sea aprobada de forma definitiva».

La potestad es de las Cortes Teniendo en cuenta que la Constitución Española, en su artículo 147.3, dispone que la reforma de los estatutos «se ajustará (...) a la aprobación de las Cortes Generales» y en el 87.1 que la iniciativa legislativa «corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado», Plataforma Pro Identidad argumenta que el artículo 91 del actual estatuto de autonomía de Castilla y León adolece de inconstitucionalidad «en cuanto a los legitimados para iniciar la reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León al excluir a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación».

Los tribunales ya se vieron obligados a pronunciarse sobre León
En el pasado, el Tribunal Supremo ya hubo de considerar el tema de la región leonesa y su siempre difícil encaje en la actual circunscripción administrativa llamada Castilla y León. El 13 de octubre de 1983, este tribunal juzgó válido el acuerdo adoptado el 13 de enero de 1983 por la Diputación, favorable a separar León y Castilla, que fue invalidado el 28 de septiembre de 1984 por el Tribunal Constitucional, si bien éste declaraba que la sentencia «no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la comunidad a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo».

Y es que la incorporación de la provincia de León a la actual comunidad, de acuerdo con el artículo 143 de la Constitución, es decir, con la aprobación de dos tercios de los ayuntamientos en un plazo de seis meses, fue muy irregular. Los políticos leoneses habían manifestado con claridad que preferían una comunidad autónoma leonesa.

Proceso irregular A pesar de eso, y de las sucesivas manifestaciones a favor de la autonomía de León -idénticas a las acaecidas en otras regiones-, el Consejo de Ministros aprobó en 1978 la preautonomía de Castilla-León incluyendo a la provincia. De repente, en 1980, UCD y PSOE cambian de opinión «por razones de Estado» -textual-, y se produce el proceso de incorporación de los ayuntamientos de León cuando tan sólo faltaban diez días para que se terminara el plazo. Según el investigador Miguel Ángel González, «hubo acusaciones de coacción, incumplimiento de requisitos para realizar los plenos, falsificaciones de actas y hasta repeticiones de las votaciones hasta que la opción a favor de Castilla y León fuera la mayoritaria».

Por tanto, el 15 de mayo de 1980 se presentó un recurso por irregularidades en este proceso de votación -relativo a 55 municipios leoneses- ante la Audiencia Territorial de Valladolid, que fue desestimado. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que no se manifestó de forma clara ante las irregularidades. El estatuto de Castilla y León, tras múltiples dificultades, fue, pues, el último en aprobarse.

Exponen desde la Plataforma Pro Identidad Leonesa que el artículo 91 del nuevo estatuto de Castilla y León, «pese a que aparentemente cumple con lo dispuesto en el artículo 147.3 de la Constitución ('la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos'), excluye de iniciativa legislativa -en este caso para reformar- a las Cortes Generales y/o al Gobierno de la Nación para la reforma del mencionado estatuto, que no deja de ser una Ley Orgánica y, por tanto, Ley del Estado, ya que sólo lo reconoce para con una tercera parte de sus miembros».

«De esta manera, nos encontramos con la paradoja de que en una Ley Orgánica (estatuto de autonomía), el Estado, pese a tener de forma abstracta iniciativa legislativa conforme con el artículo 87.1 de la Constitución, no puede iniciar la reforma del estatuto de Castilla y León porque la propia Ley Orgánica 14/2007 que aprueba el estatuto de autonomía de Castilla y León se lo impide al establecer que sólo tendrán dicha iniciativa 'una tercera parte de los miembros de los cortes autonómicas o la Junta de Castilla y León», según informan desde la citada asociación.

Resto de España

En cambio, los estatutos de autonomía de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Murcia, Ceuta, Melilla, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña «incluyen claramente entre los legitimados para iniciar su reforma a las Cortes Generales y/o al Gobierno de la nación, cumpliendo con lo establecido en los artículos 66.2, 81 y 87.1 de la Constitución».

Por otra parte, se critica que el punto tercero del artículo 91 del nuevo estatuto castellano y leonés «puede violentar el reglamento del Congreso de los Diputados». El estatuto de la comunidad dispone que las Cortes de Castilla y León «elegirán de entre sus miembros una delegación para participar en la tramitación de la propuesta en el seno de una comisión mixta paritaria», pero Castilla y León accedió a su autonomía por procedimiento ordinario y su tramitación «ha de efectuarse de conformidad con el artículo 136 del Congreso, donde no se establece ninguna comisión mixta paritaria».

En cuanto al punto cuarto, el que aborda la posible «retirada» de la reforma, Plataforma confirma que no existe «en los reglamentos del Congreso de los Diputados ni en el del Senado regulación alguna que posibilite tal devolución, por lo que sorprende que el reglamento de unas cortes autonómicas pueda estar por encima del Congreso de los Diputados». Una posible conclusión que puede sacarse de este estatuto es su intención de blindarse y de eliminar cualquier cambio futuro sobre su configuración actual.

La política de embudo

Ahi va otra patada mas para los leoneses, y ya son demasiadas... Como dijo Jesus, "el que tenga ojos, que vea", y el que vaya a votar a las proximas elecciones, que tenga en cuenta como los partidos PP y PSOE consienten y auspician estos atropellos al pueblo leones al negarle su propia autonomia y autogobierno. Para que? con el chollo que tienen montado los castellanos, robando libremente a los leoneses y legislando a su favor para que todo este en perfecta legalidad. Cuando el ladron es el encargado de hacer las leyes a su medida mal va la democracia...
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La política de embudo
Análisis | Viva la solidaridad
Diario de Leon 10/02/2008

Los agricultores castellanos de Palencia, Valladolid y Ávila, con la connivencia de la Junta, se han quedado con el dinero de los leoneses tras la reestructuración del sector remolachero
F. Ramos - Leon

No es que hicieran falta más pruebas, pero si alguno todavía no se lo cree, ahí va otra: los agricultores de Palencia, Valladolid y Ávila, o lo que es lo mismo de Castilla La Vieja, se han quedado con todo el dinero que Europa entrega por la reestructuración del sector remolachero en la comunidad, que llevaba consigo el cierre de Peñafiel y Miranda, aunque finalmente sólo cierra Peñafiel. Y esto ha sucedido con el beneplácito de la Junta, que no sólo ha mirado para otro lado, sino que lo ha negociado y va a permitir que los cultivadores castellanos cobren el abandono y sigan cultivando, mientras los leoneses que decidieron abandonar se quedan sin un euro. A eso se le llama la política del embudo: lo ancho para Castilla y, ¿lo estrecho?... también.