TRIBUNA
EDUARDO SILVA BAFALUY
EL PASADO 9 DE JUNIO los ministros de Trabajo de la Unión Europea, sin ningún voto en contra, aprobaron en sesión plenaria la propuesta de modificación de la actual directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo.
La modificación de la directiva autoriza a los estados miembros a cambiar sus leyes para permitir el alargamiento de la jornada semanal de trabajo hasta las sesenta horas horas (o sesenta y cinco en el caso de colectivos como el sanitario o bomberos, cuyos descansos en las guardias dejan de considerarse tiempo de trabajo). Como el límite de las sesenta horas es, además, un promedio trimestral, la jornada real podría prolongarse hasta las setenta y ocho horas semanales. En el caso de contratos de menos de diez semanas no habrá ni siquiera estas limitaciones.
La directiva también permite fijar por ley que la jornada semanal normal (de hasta cuarenta y ocho horas) sea considerada como un promedio anual, de manera que el trabajador estaría permanentemente a disposición de la empresa y las horas extras, festivos¿ pasarían a ser considerados como horas ordinarias.
Este brutal atropello quieren llevarlo a cabo, además, mediante acuerdos individuales trabajador-empresa, al margen de los convenios colectivos y de la representación sindical de los trabajadores, atacando una de las mayores conquistas de la lucha de los trabajadores: su derecho a la representación y la negociación colectiva.
Esta directiva indigna debe pasar ahora por el estudio por parte por el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. Es el momento de que los trabajadores manifestemos nuestro total rechazo a la directiva.
En 1917 la OIT oficializó la jornada máxima de cuarenta y ocho horas, después de una larga lucha del movimiento obrero internacional por las ocho horas. Ahora, nos quieren hacer retroceder más de un siglo, poniéndonos de nuevo en jornadas legales de diez a doce horas y seis días por semana.
Los mismos que nos quieren alargar el tiempo de trabajo, son los quieren que nos jubilemos a los setenta años, acabar con las conquistas sociales y privatizar los servicios públicos. La Unión Europea deja así en evidencia su carácter de instrumento del capitalismo europeo y el destino que nos depara a los trabajadores y a los sectores populares. ¿A alguien le extraña que los irlandeses hayan dicho no al tratado de Lisboa, como antes franceses y holandeses a la propuesta de Constitución neoliberal y antisocial? Bajo el capitalismo, los «adelantos tecnológicos», en lugar de llevarnos al progreso social, nos devuelven al peor pasado de explotación.
Sale así a la luz el papel de los gobiernos europeos, que actúan como dóciles instrumentos del capital en la ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Entre los promotores de la directiva de las sesenta horas están, junto a la derecha europea, partidos como el laborista británico o la socialdemocracia alemana. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dice que no le gusta la directiva, ni siquiera votó en contra en la reunión de ministros europeos.
Con esta directiva del tiempo de trabajo todos nos jugamos mucho, un retroceso histórico, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores. Una agresión de esta envergadura exige una contundente respuesta general en toda Europa.
Exijamos a los europarlamentarios el rechazo directo de la directiva y al Gobierno Zapatero que, si de verdad se opone a la directiva, lo exprese con toda claridad y haga un llamamiento europeo urgente a su repudio.
La propuesta de la CES (Confederación Europea de Sindicatos, de la que forman parte Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores), sin embargo, está muy lejos de lo que se necesita. Una agresión de esta envergadura no se puede parar haciendo presión diplomática a eurodiputados y gobiernos y limitando la movilización de los trabajadores europeos a una protesta testimonial el día 7 de octubre. Es necesario que los comités de empresa, secciones sindicales, colectivos y organizaciones desarrollemos un proceso de movilización a todos los niveles y exigir a la CES que, atendiendo a lo que debe ser su obligación, convierta los paros de entre cinco y quince minutos del día 7 de octubre en una huelga general europea de veinticuatro horas, con grandes manifestaciones, para exigir, en nombre de la clase trabajadora del continente, la inmediata retirada de la modificación de la directiva.
EL PASADO 9 DE JUNIO los ministros de Trabajo de la Unión Europea, sin ningún voto en contra, aprobaron en sesión plenaria la propuesta de modificación de la actual directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo.
La modificación de la directiva autoriza a los estados miembros a cambiar sus leyes para permitir el alargamiento de la jornada semanal de trabajo hasta las sesenta horas horas (o sesenta y cinco en el caso de colectivos como el sanitario o bomberos, cuyos descansos en las guardias dejan de considerarse tiempo de trabajo). Como el límite de las sesenta horas es, además, un promedio trimestral, la jornada real podría prolongarse hasta las setenta y ocho horas semanales. En el caso de contratos de menos de diez semanas no habrá ni siquiera estas limitaciones.
La directiva también permite fijar por ley que la jornada semanal normal (de hasta cuarenta y ocho horas) sea considerada como un promedio anual, de manera que el trabajador estaría permanentemente a disposición de la empresa y las horas extras, festivos¿ pasarían a ser considerados como horas ordinarias.
Este brutal atropello quieren llevarlo a cabo, además, mediante acuerdos individuales trabajador-empresa, al margen de los convenios colectivos y de la representación sindical de los trabajadores, atacando una de las mayores conquistas de la lucha de los trabajadores: su derecho a la representación y la negociación colectiva.
Esta directiva indigna debe pasar ahora por el estudio por parte por el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. Es el momento de que los trabajadores manifestemos nuestro total rechazo a la directiva.
En 1917 la OIT oficializó la jornada máxima de cuarenta y ocho horas, después de una larga lucha del movimiento obrero internacional por las ocho horas. Ahora, nos quieren hacer retroceder más de un siglo, poniéndonos de nuevo en jornadas legales de diez a doce horas y seis días por semana.
Los mismos que nos quieren alargar el tiempo de trabajo, son los quieren que nos jubilemos a los setenta años, acabar con las conquistas sociales y privatizar los servicios públicos. La Unión Europea deja así en evidencia su carácter de instrumento del capitalismo europeo y el destino que nos depara a los trabajadores y a los sectores populares. ¿A alguien le extraña que los irlandeses hayan dicho no al tratado de Lisboa, como antes franceses y holandeses a la propuesta de Constitución neoliberal y antisocial? Bajo el capitalismo, los «adelantos tecnológicos», en lugar de llevarnos al progreso social, nos devuelven al peor pasado de explotación.
Sale así a la luz el papel de los gobiernos europeos, que actúan como dóciles instrumentos del capital en la ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Entre los promotores de la directiva de las sesenta horas están, junto a la derecha europea, partidos como el laborista británico o la socialdemocracia alemana. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dice que no le gusta la directiva, ni siquiera votó en contra en la reunión de ministros europeos.
Con esta directiva del tiempo de trabajo todos nos jugamos mucho, un retroceso histórico, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores. Una agresión de esta envergadura exige una contundente respuesta general en toda Europa.
Exijamos a los europarlamentarios el rechazo directo de la directiva y al Gobierno Zapatero que, si de verdad se opone a la directiva, lo exprese con toda claridad y haga un llamamiento europeo urgente a su repudio.
La propuesta de la CES (Confederación Europea de Sindicatos, de la que forman parte Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores), sin embargo, está muy lejos de lo que se necesita. Una agresión de esta envergadura no se puede parar haciendo presión diplomática a eurodiputados y gobiernos y limitando la movilización de los trabajadores europeos a una protesta testimonial el día 7 de octubre. Es necesario que los comités de empresa, secciones sindicales, colectivos y organizaciones desarrollemos un proceso de movilización a todos los niveles y exigir a la CES que, atendiendo a lo que debe ser su obligación, convierta los paros de entre cinco y quince minutos del día 7 de octubre en una huelga general europea de veinticuatro horas, con grandes manifestaciones, para exigir, en nombre de la clase trabajadora del continente, la inmediata retirada de la modificación de la directiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario