María Jesús Muñiz
Los límites autorizados multiplican hasta por ocho las cantidades del plan nacional
Ecologistas en Acción recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que suspenda cautelarmente las autorizaciones ambientales que la Junta concedió a las centrales térmicas de la comunidad (todas en León menos la de Velilla del Río Carrión); al considerar que superan en mucho el nivel de emisiones fijado por el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión. La medida afectaría en la provincia a las centrales térmicas de Compostilla, Anllares y La Robla. La organización anunció también que exigirá la paralización del funcionamiento de las cuatro centrales para «preservar la salud pública y el medio ambiente».
La organización ecologista acusó ayer en Valladolid a la Junta de cambiar exigencias legales para favorecer a las grandes empresas eléctricas, de forma que no se vean obligadas a adoptar medidas de reducción tan drástica de los contaminantes ambientales como los que exige la normativa nacional y europea.
El plan nacional contempla una reducción de las emisiones de dióxido de azufre, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y partículas en los distintos grupos de las centrales de Compostilla, Anllares y La Robla (las cifras aparecen en el gráfico adjunto); con el objetivo de cumplir los compromisos nacionales sobre techos de emisión en las instalaciones más contaminantes.
Salud ciudadana
El portavoz de la organización ecologista, Javier Gutiérrez, justificó la presentación del recurso judicial en el hecho de que la Junta no ha contestado hasta hoy a los recursos administrativos presentados en los últimos tres meses sobre el caso. La organización argumenta que la Junta, con esta decisión «sacrifica el derecho constitucional a la salud de los ciudadanos por el interés económico de grandes empresas como Endesa, Iberdrola o Fenosa, gestoras de las térmicas y con capacidad suficiente para hacerse cargo del coste de las instalaciones necesarias para reducir las emisiones de contaminantes tóxicos a los valores más bajos, asociados a las mejores técnicas disponibles».
Ante esta situación Ecologistas en Acción solicita a la titular de la Consejería de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, la modificación de esas autorizaciones ambientales, al considerarlas «nulas» de pleno derecho, ya que permiten a las centrales térmicas la emisión de contaminantes tóxicos, como el dióxido de azufre (SO 2 ), los óxidos de nitrógeno y las partículas, «muy por encima» de los límites legales establecidos, y omiten, a juicio de Gutiérrez, la limitación y control de otras sustancias muy peligrosas, como los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Recientemente Ecologistas en Acción presentó un estudio que afirmaba que la calidad del aire mejoró en Castilla y León en el 2008 respecto a años anteriores, debido especialmente a la «drástica reducción» de la producción eléctrica en las centrales térmicas de carbón.
El documento concreta que los principales problemas de contaminación se encuentran alrededor de las centrales térmicas de carbón de Ponferrada y La Robla, en León, y Guardo, en Palencia, «donde, no obstante, ha disminuido la presencia de dióxido de azufre, debido una menor producción de las centrales asociada al uso de nuevas fuentes energéticas».
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