EL CORRO | PEDRO VICENTE
EL ACUERDO alcanzado entre el PP y el PSOE para distribuir los 125 millones de euros asignados al Plan de Convergencia Interior de Castilla y León resulta ciertamente sorprendente. Y no porque ambos partidos hayan encontrado una fórmula especialmente imaginativa para distribuir ese dinero. No se han estrujado demasiado la sesera: el 90 por ciento del mismo se pondrá a disposición de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y del 10 por ciento restante se ocuparán las diputaciones. El número de parados en cada municipio será el único elemento corrector en la distribución lineal de dichos fondos.
Lo insólito es que la fórmula elegida ignora olímpicamente el fin encomendado por el Estatuto de Autonomía a dicho Plan, que, como su propio nombre indica, no es otro que el de procurar la Convergencia Interior dentro de Castilla y León. La disposición adicional segunda del Estatuto no deja lugar a dudas sobre su objetivo: «eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y territorios de la Comunidad». Esos desequilibrios son los que arrojan un mapa hemipléjico en el que las cuatro provincias situadas al Oeste (León, Zamora, Salamanca y Ávila) ocupan el furgón de cola en índice de renta y población frente al tren delantero ocupado por Valladolid y Burgos. De la brecha abierta entre unas provincias y otras da idea el hecho de que la renta per capita de los vallisoletanos se sitúe 32 puntos por encima de la de los zamoranos.
En cumplimiento del mandato estatutario, era obli gado que el Plan de Convergencia estableciera una discriminación positiva hacia las provincias más desfavorecidas, a fin de que las inversiones derivadas del mismo contribuyeran a corregir esos desequilibrios. Y hete aquí que los criterios acordados por PP y PSOE, lejos de reducir esa desigualdad, conducen a aumentarla. Además de que el tratamiento igualitario a los desiguales incrementa la desigualdad, el criterio de vincular la distribución del fondo a la tasa de paro prima a los municipios más industrializados, por ser éstos los que registran mayor índice de desempleo. Si los 125 millones de euros estuvieran destinados a combatir el paro, nada habría que objetar. Es más, en este aspecto el Plan de Convergencia Interior, al introducir el desempleo como factor corrector, resulta más equitativo que el Fondo Estatal de Inversión Local, que ha distribuido los 8.000 millones de euros de forma uniforme en toda España, sin tener en cuenta para nada el índice de paro en cada municipio.
Pero sucede que esos 125 millones de euros no estaban destinados a complementar ese Fondo de Inversión Local, que es lo que al final han decidido PP y PSOE. Ese dinero era la dotación presupuestada para otro objetivo distinto, exactamente el de corregir los desequilibrios territoriales. Y resulta que su utilización va justamente en la dirección contraria. Uno no esperaba demasiado de ese llamado «pacto anticrisis» que en Castilla y León se han puesto a negociar los dos partidos mayoritarios. Pero lo que no podía sospechar es que de ese horno saliera un pan como unas tortas que, para mayor inri, desvirtúa por com pleto un mandato del Estatuto de Autonomía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario