El corro | pedro vicente
Perdido entre el guirigay de la pasada campaña electoral ha pasado bastante inadvertido el último padrón de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual Castilla y León ha sido la comunidad autónoma española que ha registrado menor crecimiento demográfico durante el año 2008. Frente al incremento de casi 29.000 habitantes registrado en el 2007, el pasado año el número de empadronados tan sólo aumentó en 2.701. El dato, de por sí muy indicativo, resulta más revelador si se tiene en cuenta que cuatro de las nueve provincias han vuelto a perder población en términos absolutos: Zamora (1.578), León (1.177), Ávila (725) y Palencia (384). Y ello a pesar de que el censo de inmigrantes extranjeros aumentó en 11.230. La pérdida de población constituye el principal de los fracasos políticos. En el repunte demográfico del 2007 la Junta quiso ver un punto de inflexión en la evolución demográfica. El último padrón demuestra que ese «brote verde» no era más que un espejismo causado por el aluvión de inmigrantes llegados en los años de crecimiento económico. Tan pronto como ese aluvión ha remitido ha vuelto a aflorar el problema estructural, que no es otro que el de un crecimiento vegetativo negativo y una incesante emigración juvenil.
De hecho, esa regresión vegetativa se c uantifica en el año 2008 en 5.592 habitantes, la diferencia resultante entre 21.381 nacimientos y 26.983 defunciones Salvo Valladolid, que arrojó un saldo positivo de 236 habitantes, las otras ocho provincias presentan un saldo negativo, con León a la cabeza (-2.210). El dato indica el escaso resultado de la timorata política de apoyo a la natalidad aplicada por la Junta, administración que por otra parte ha seguido ignorando la Estrategia contra la Despoblación aprobada por las Cortes de Castilla y León en el 2005.
Por lo demás, el retroceso demográfico vuelve a cebarse sobre el Oeste de Castilla y León, especialmente sobre las provincias de León, Zamora y Ávila (Salamanca sale bien parada, con un incremento de 827 habitantes, al contrario que Palencia, que entra en fase negativa). Combinado ese parámetro con el del índice de renta, se constatan las acusadas desigualdades internas que aquejan a esta comunidad.
Por ello resulta del todo incompresible que la Junta, en lugar de adoptar políticas tendentes a corregir tamaños desequilibrios territoriales, haya desvirtuado el Plan de Convergencia Interior, creado por mandato del Estatuto de Autonomía precisamente como instrumento corrector de ese problema estructural.
Por conveniencia política compartida entre PP y PSOE, la discriminación territorial positiva que tendría que haber operado en ese Plan ha sido sustituida por una distribución lineal y horizontal en las nueve provincias. Con ello los socialistas han conseguido el objetivo de convertir ese instrumento en un apéndice del Fondo de Inversión Local del gobierno Zapatero, en tanto que la Junta se ha evitado el engorro de tener que aplicar esa discriminación positiva. El resultado son 125 millones de euros distribuidos como calderilla que no van contribuir lo más mínimo a resolver el problema de fondo al que tenían que estar destinados.
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