Los terrenos comunales pemiten el cobro fraudulento de las ayudas PAC

Asi se liquida al campo leones, asi se liquida a un pueblo, estrangulandolo economicamente para que luego cuando vienen a repartir cuatro migajas la gente encima piense que les dan algo. Si no fuera por que lo poco que dan lo han robado primero a sus legitimos dueños...esta es la gran labor que la Junta de Castilla y Pucela realiza en favor de León.

Diario de León, 31-08-09
L.Urdiales

Cientos de explotaciones de fuera de León recurren a las juntas vecinales de la provincia para justificar derechos de pago único vinculadas a la actividad agraria

En León sobra tierra. Por eso tal vez se entiende la fiebre de recurrir al terreno de esta provincia, pastos comunales en espacial, para utilizarlos como placebo en el cobro de los derechos del pago único que la Unión Europea envía cada año al campo. Uso fraudulento, si se observa que los productores agroganaderos que buscan los pastizales leoneses para activar el cobro de sus derechos -”generalmente vinculados a explotaciones de ovino, caprino y bovino-” no emplean ese espacio como lugar de pasto de los animales, una de las cláusulas en las que la Política Agraria Común vincula la tierra a los animales como elemento protector del medio.
El proceso se hace habitual en las primeras semanas de cada año, cuando se abre el periodo de solicitudes de la PAC. Cientos de propietarios de explotaciones acuden a la provincia de León en busca de hectáreas con las que engañarán a la administración en la tramitación de las ayudas. A la autonómica, en la que reside la potestad de velar por el uso correcto de las normas que regulan los incentivos, a la estatal, que maneja desde los órganos ministeriales el reparto de derechos desde un artilugio administrativo al que se denomina «reserva nacional» y, por extensión y en último término, a la europea, que pone los euros.
Los dueños de la tierra alquilable como base de alimento del ganado en régimen extensivo -”mayoritariamente las juntas vecinales por tratarse casi al cien por cien de terrenos de en régimen de explotación comunal-” ponen precio a cada hectárea, que los beneficiarios de las ayudas pagan religiosamente en la apertura de un negocio que aporta buenos resultados para su cuenta corriente: el precio que pagan de media por cada unidad de terreno alquilado en la campaña no suponen ni una quinta parte de lo que meses después les reportará la Unión Europea a través de la administración pagadora de las ayudas agrarias, es decir, de la Junta de Castilla y León.
Para cobrar el dinero basta un certificado que emite el propietario de los terrenos a los que, por supuesto, nunca llegan los animales que justifican las subvenciones -”en este caso acopladas-” a la existencia de los rebaños. En este extremo se vulnera uno de los principios que justifica los pagos que libera cada año la Unión Europea y se consuma así una práctica fraudulenta por parte de los perceptores de ese dinero. La mayoría de las explotaciones que recurren a esta práctica extendida desde hace varios años están asentadas en provincias limítrofes con León que por su orografía no disponen de terrenos aptos para la alimentación del ganado ovino o bovino en régimen extensivo.
La permisividad de las administraciones competentes en controlar y velar por el buen uso, beneficio y aplicación de las ayudas europeas contrasta con el exceso de celo que impone la administración autonómica que de forma insistente año tras año inicia campañas de acoso e inspección a las ganaderías leonesas a las que termina por arrebatar los derechos, con un perjuicio tan extenso que repercutirá de forma decisiva en la vida productiva que le quedará a la explotación. Así se liquida la actividad en el campo leonés.

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