TRIBUNA
MIGUEL ÁNGEL DÍEZ BAÑOS
RECORDARÁN que no hace mucho tiempo una gran mayoría del profesorado manifestó su total desacuerdo con un programa «mejora del éxito escolar» diseñado por la Administración sin consultar en absoluto con los docentes que, día a día, están en contacto directo con los alumnos.
Ya en aquel momento, los argumentos expuestos se centraban en que las causas del fracaso escolar podrían deberse no sólo a la escuela, sino que, sin duda, no serían ajenas circunstancias como el desencanto generalizado por el estudio, problemas en las familias, falta de hábitos de esfuerzo, etcétera.. Incluso, desde la propia escuela, apuntábamos que podrían ser medidas adecuadas el rebajar la ratio en las aulas, la posibilidad de desdoblar grupos, etcétera. La Administración se empeñó en desarrollar aquel programa pese a la oposición frontal de la práctica totalidad del profesorado, llegándose a situaciones tan esperpénticas como la impartición de clases por parte de personas no cualificadas y la búsqueda de voluntarios bajo las piedras y en los rincones más ocultos de las Unidades de Programas.
Como no podría ser de otra manera, a pesar de las informaciones de la Consejería de Educación, el programa ha sido un completo «fracaso del éxito escolar». La Administración dice que ha aprobado un alto porcentaje de los alumnos que asistieron a estas clases; nosotros, los profesores, sabemos que se trata del mismo porcentaje que hubiese aprobado aun sin esas clases. Sólo hay que comparar los datos numéricos respecto a cursos anteriores.
Pues bien. Se inicia el nuevo curso y «vuelta la burra al trigo», la Dirección Provincial de Educación de León no sólo está obligando a los centros a rellenar los grupos de alumnos a 30 (en la ESO) y 35 (en Bachillerato) sino que no están permitiendo desdobles ni apoyos, ni optativas con menos de 15 alumnos. De nuevo, estos burócratas huidos de la tiza, desencantados de la enseñanza, actúan en contra de la razón moral y en contra de la opinión y conocimiento del profesorado que sí se mancha cada día con la tiza. Su única excusa es que la legislación así lo establece. Por increíble que parezca, se hace necesario precisar algunas cuestiones: La Orden EDU/1061/2008 de 19 de junio por la que se implanta el Bachillerato, establece en su artículo 4 que el número máximo de alumnos de cada uno de los grupos será de 35. De la misma forma, la Orden EDU 1046/2007 de 12 de junio por la que se implanta la ESO, establece en su artículo 4 que el número máximo de alumnos en cada uno de los grupos será de 30. En ninguna de las dos órdenes se dice que dicho número no pueda ser menor. Por tanto, grupos de alumnos que no alcancen los máximos nunca puede ser considerado como algo ilegal.
Es oportuno volver a insistir en que la propia legislación (recordamos que es el único argumento manejado por la Dirección Provincial de León y sus Servicios de Inspección) ampara, en el citado Decreto 52/2007 de 17 de mayo, la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
Toda la LOE y sus desarrollos contemplan en espíritu y articulados que la enseñanza debe atender a la diversidad. ¿Cómo se puede atender dignamente esas diferencias en las capacidades de nuestros alumnos? ¿Hacinando 30-35 chicos y chicas en un aula (las más de las veces de reducido tamaño)? ¿No sería más razonable dividir esos grupos para que el profesorado pueda tener más tiempo y espacio para cada uno de sus alumnos? Es fácil deducir en cuál de las dos opciones habría menos fracaso escolar. Mucho más sangrante, si cabe, es comentar que los alumnos con necesidades educativas tampoco rebajan la ratio.
Como «gracia especial», los Servicios de Inspección nos permitirían hacer algunos apoyos y refuerzos. ¿No es paradójico?, creamos el problema en la clase normal con 30-35 alumnos y resolvemos este fracaso escolar con unas clases «extras».
Por otra parte, cualquier persona es capaz de comprender que la situación en los centros rurales (en continuo despoblamiento) es muy distinta a la de los centros urbanos más poblados. No se puede pretender que el número de alumnos que eligen materias optativas en aquellos institutos llegue a 15, cuando ni siquiera la totalidad del grupo llega a ese número. Tampoco son comparables la s necesidades en recursos materiales y humanos de unos centros y otros aunque tengan el mismo número de alumnos. ¿Acaso, los grupos de los institutos donde acuden un mayor porcentaje de alumnos desfavorecidos y problemáticos son las mismas que las de aquellos centros donde no existen este tipo de alumnos? Nuestra Dirección Provincial de «Educación» considera a todos igual y sólo le interesan los números, la famosa ratio, sin mostrar la más mínima sensibilidad hacia la bomba de relojería y dificultades que supone juntar en un aula a 30-35 de estos alumnos. ¿Qué será para estos individuos del despachito oficial una enseñanza de calidad? Se da la curiosa circunstancia de que, el día 1 de septiembre, todos los centros tenían su plantilla confirmada y aceptada por los Servicios de Inspección. Por este motivo, los equipos directivos organizaron los centros contando con dicha plantilla y estableciendo los grupos y horarios más apropiados. Es decir, a la Dirección Provincial no se le ha pedido ningún profesor más que aquellos que ella misma había concedido. ¿A qué vienen estos ajustes ahora?
Además, en los últimos días, nos hemos enterado de que este problema sólo se está produciendo en la provincia de León, ya que los centros consultados de otras provincias de la Comunidad están contando con la flexibilidad y comprensión de sus respectivas Direcciones Provinciales. Todo hace pensar que nuestra Administración actúa exclusivamente por motivos económicos y, de ahí, su afán casi enfermizo en reducir las plantillas de los centros. Parece considerar a la escuela como una fábrica de churros inmersa en una economía de libre mercado en la que sólo importa producir a bajo costo. ¡Estamos hablando de personas¡ ¡Estamos hablando de educación¡ ¡estamos creando el futuro de la socied ad!¿ ¿es tan difícil de comprender?
RECORDARÁN que no hace mucho tiempo una gran mayoría del profesorado manifestó su total desacuerdo con un programa «mejora del éxito escolar» diseñado por la Administración sin consultar en absoluto con los docentes que, día a día, están en contacto directo con los alumnos.
Ya en aquel momento, los argumentos expuestos se centraban en que las causas del fracaso escolar podrían deberse no sólo a la escuela, sino que, sin duda, no serían ajenas circunstancias como el desencanto generalizado por el estudio, problemas en las familias, falta de hábitos de esfuerzo, etcétera.. Incluso, desde la propia escuela, apuntábamos que podrían ser medidas adecuadas el rebajar la ratio en las aulas, la posibilidad de desdoblar grupos, etcétera. La Administración se empeñó en desarrollar aquel programa pese a la oposición frontal de la práctica totalidad del profesorado, llegándose a situaciones tan esperpénticas como la impartición de clases por parte de personas no cualificadas y la búsqueda de voluntarios bajo las piedras y en los rincones más ocultos de las Unidades de Programas.
Como no podría ser de otra manera, a pesar de las informaciones de la Consejería de Educación, el programa ha sido un completo «fracaso del éxito escolar». La Administración dice que ha aprobado un alto porcentaje de los alumnos que asistieron a estas clases; nosotros, los profesores, sabemos que se trata del mismo porcentaje que hubiese aprobado aun sin esas clases. Sólo hay que comparar los datos numéricos respecto a cursos anteriores.
Pues bien. Se inicia el nuevo curso y «vuelta la burra al trigo», la Dirección Provincial de Educación de León no sólo está obligando a los centros a rellenar los grupos de alumnos a 30 (en la ESO) y 35 (en Bachillerato) sino que no están permitiendo desdobles ni apoyos, ni optativas con menos de 15 alumnos. De nuevo, estos burócratas huidos de la tiza, desencantados de la enseñanza, actúan en contra de la razón moral y en contra de la opinión y conocimiento del profesorado que sí se mancha cada día con la tiza. Su única excusa es que la legislación así lo establece. Por increíble que parezca, se hace necesario precisar algunas cuestiones: La Orden EDU/1061/2008 de 19 de junio por la que se implanta el Bachillerato, establece en su artículo 4 que el número máximo de alumnos de cada uno de los grupos será de 35. De la misma forma, la Orden EDU 1046/2007 de 12 de junio por la que se implanta la ESO, establece en su artículo 4 que el número máximo de alumnos en cada uno de los grupos será de 30. En ninguna de las dos órdenes se dice que dicho número no pueda ser menor. Por tanto, grupos de alumnos que no alcancen los máximos nunca puede ser considerado como algo ilegal.
Es oportuno volver a insistir en que la propia legislación (recordamos que es el único argumento manejado por la Dirección Provincial de León y sus Servicios de Inspección) ampara, en el citado Decreto 52/2007 de 17 de mayo, la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
Toda la LOE y sus desarrollos contemplan en espíritu y articulados que la enseñanza debe atender a la diversidad. ¿Cómo se puede atender dignamente esas diferencias en las capacidades de nuestros alumnos? ¿Hacinando 30-35 chicos y chicas en un aula (las más de las veces de reducido tamaño)? ¿No sería más razonable dividir esos grupos para que el profesorado pueda tener más tiempo y espacio para cada uno de sus alumnos? Es fácil deducir en cuál de las dos opciones habría menos fracaso escolar. Mucho más sangrante, si cabe, es comentar que los alumnos con necesidades educativas tampoco rebajan la ratio.
Como «gracia especial», los Servicios de Inspección nos permitirían hacer algunos apoyos y refuerzos. ¿No es paradójico?, creamos el problema en la clase normal con 30-35 alumnos y resolvemos este fracaso escolar con unas clases «extras».
Por otra parte, cualquier persona es capaz de comprender que la situación en los centros rurales (en continuo despoblamiento) es muy distinta a la de los centros urbanos más poblados. No se puede pretender que el número de alumnos que eligen materias optativas en aquellos institutos llegue a 15, cuando ni siquiera la totalidad del grupo llega a ese número. Tampoco son comparables la s necesidades en recursos materiales y humanos de unos centros y otros aunque tengan el mismo número de alumnos. ¿Acaso, los grupos de los institutos donde acuden un mayor porcentaje de alumnos desfavorecidos y problemáticos son las mismas que las de aquellos centros donde no existen este tipo de alumnos? Nuestra Dirección Provincial de «Educación» considera a todos igual y sólo le interesan los números, la famosa ratio, sin mostrar la más mínima sensibilidad hacia la bomba de relojería y dificultades que supone juntar en un aula a 30-35 de estos alumnos. ¿Qué será para estos individuos del despachito oficial una enseñanza de calidad? Se da la curiosa circunstancia de que, el día 1 de septiembre, todos los centros tenían su plantilla confirmada y aceptada por los Servicios de Inspección. Por este motivo, los equipos directivos organizaron los centros contando con dicha plantilla y estableciendo los grupos y horarios más apropiados. Es decir, a la Dirección Provincial no se le ha pedido ningún profesor más que aquellos que ella misma había concedido. ¿A qué vienen estos ajustes ahora?
Además, en los últimos días, nos hemos enterado de que este problema sólo se está produciendo en la provincia de León, ya que los centros consultados de otras provincias de la Comunidad están contando con la flexibilidad y comprensión de sus respectivas Direcciones Provinciales. Todo hace pensar que nuestra Administración actúa exclusivamente por motivos económicos y, de ahí, su afán casi enfermizo en reducir las plantillas de los centros. Parece considerar a la escuela como una fábrica de churros inmersa en una economía de libre mercado en la que sólo importa producir a bajo costo. ¡Estamos hablando de personas¡ ¡Estamos hablando de educación¡ ¡estamos creando el futuro de la socied ad!¿ ¿es tan difícil de comprender?
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