Veinticuatro días después de amenazar en las Cortes con el recurso, éste permanece estancado en los servicios jurídicos
El PSOE se achica. Veinticuatro días después de lanzar, en el Pleno de las Cortes, la amenaza de acudir al Tribunal Constitucional para interponer un recurso contra la Ley de Montes, parece que la bravata socialista se va a quedar sólo en palabras. Aunque a la hora de lanzar el ultimátum no se amilanaron, a día de hoy el recurso sigue estancado en los servicios jurídicos del Partido Socialista, según confirmó la procuradora soriana Mónica Lafuente. «Los servicios jurídicos del partido siguen estudiándolo, pero todavía tenemos tiempo».
Atendiendo a la forma de actuar con otras normativas, la paciencia que tienen en este caso transmite la sensación de que la amenaza lanzada en el Pleno fue, sencillamente, una medida más efectista que efectiva. Esta última acción retrata por sí misma la campaña diseñada por el PSOE para derrumbar esta normativa, aunque sorprende que hayan sido capaces de tratar de intimidar con el Tribunal Constitucional si realmente no tenían claro que pudieran presentar el recurso.
La Ley Orgánica 2/1979 que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional dispone que se pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad durante los tres meses siguientes a la publicación de la normativa. La Ley de Montes fue publicada el pasado jueves, día 16 de abril, con lo que los socialistas disponen de plazo hasta el 16 de julio para presentar dicho recurso. Aún así, tras más de 20 días desde que se aprobó en el Pleno, y con todo el tiempo que lleva la ley en periodo de tramitación parece difícil que ahora vayan encontrar algún apartado que pueda incurrir en la ilegalidad si no lo han conseguido hasta el momento.
El recurso de inconstitucionalidad con el que amenazó el PSOE es el último acto de una campaña encaminada al desgaste de la Consejería de Medio Ambiente, organismo que ha puesto especial interés en diseñar una normativa capaz de recoger todos los intereses de los sectores implicados y que regule una materia tan complicada por un amplio plazo de tiempo.
En esta carrera emprendida por el grupo socialista han tratado de vender esta normativa como altamente perjudicial contra los intereses de las entidades locales cuando el modelo de gestión que propone la Junta es mucho más abierto y permisivo que otros aprobados por el Partido Socialista en comunidades como Asturias y Castilla y la Mancha, normativas inspiradas en el primero borrador de la Ley de Montes de la Junta redactado hace ocho años. Las diferencias entre las normativas son más que evidentes. En la ley castellano y leonesas el artículo 49.2 recoge que «los planes anuales de aprovechamientos elaborados por la consejería se harán en base a «los aprovechamientos que previamente hayan sido acordados entre ésta y las entidades públicas propietarias. También dispone que «las entidades locales serán quienes transmitan los procedimientos de concesiones sobre el dominio público forestal» (artículo 64.2). Por último en varios artículos reconoce que los informes de estas entidades serán vinculantes (12.4; 33.1; 35.5). En el caso de Asturias sin embargo, el artículo 8.2 dice expresamente «corresponde a la consejería competente en materia forestal la gestión de los montes de utilidad pública». En la misma línea se expresa la normativa de Castilla y la Mancha en su artículo 9.7: «La gestión de los montes de utilidad pública corresponde a la consejería».
Las críticas del Partido Socialista no sólo han ido dirigida al contenido de la normativa sino también al proceso de legislación. Desde el PSOE se acusó al equipo de gobierno de no contar con los colectivos implicados en el sector forestal para la redacción de la misma cuando entre las cuarenta enmiendas que el PP ha incluido en la redacción final del texto se encuentran algunas de asociaciones independientes y sin ningún interés políticos como Asden o Asfoso.... Otro ejemplo es la rebaja del 20% al 15% del Fondo de Mejora que fue una petición expresa de los ayuntamientos. Otra prueba que contradice los argumentos de los socialistas es un dictamen del Consejo Consultivo de las Cortes de Castilla y León, en el que uno de los ponentes era el histórico dirigente socialista Demetrio Madrid. En este dictamen se pone como ejemplo a la Ley de Montes como normativa donde más alto grado de participación ha existido.
En la provincia de Soria, las protestas del PSOE han tenido especial virulencia, sobre todo en la comarca del Pinares, donde semana tras semana se ha amenazado a los vecinos de dicha comarca con que la entrada en vigor de la normativa perderán la posibilidad de gestionar sus recursos forestales. El punto máximo de la oposición a la ley tuvo lugar el sábado 21 de marzo, cuando se reunieron en Covaleda mil vecinos de esta comarca que abarca territorios de Soria y Burgos. Curiosamente, la petición de la autorización para la concentración fue firmada por el alcalde de Covaleda, el socialista José Antonio de Miguel.
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