Tribuna | Emilio de la Calzada Lorenzo
Presidente de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Andan revueltos los aires en los montes leoneses en este final de verano: el tinglado eó lico ha sido puesto en cuarentena. Eso sí, a regañadientes.
La rotundidad de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la denuncia por prevaricac ión ambiental contra la administración autonómica, interpuesta por el ministerio fiscal, frutos ambos del esfuerzo y la unión de los colectivos ecologistas en la provincia de León, han conseguido parar, al menos de momento, lo que estaba llamado a ser la mas drástica transformación, jamás conocida, de la media montaña leonesa.
Ahora todo son interrogantes y desconcierto. Responsables de la administración autonómica, patronal y promotores eólicos, alcaldes, presidentes pedáneos, vecinos, ciudadanos en general y representantes sindicales, se muestran desconcertados. Pero en mitad de todo ese desconcierto todos coinciden en algo: «La culpa de todo la tienen los ecologistas». ¡Pues no, señores!
No han sido los ecologistas los que redactaron, en abril del año 2000, el documento provincial de León del dictamen medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León. Tampoco fueron los ecologistas, a través de su único representante en la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León, los que dejaron en agua de borrajas los objetivos de dicho plan al haber autorizado la instalación de un 30% más de la potencia eólica prevista, rebasando incluso las previsiones más desarrollistas recogidas en dicho plan.
No han sido los ecologistas los que, cicateramente, han establecido los límites de algunos espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, como el LIC y Zepa Omañas, atendiendo más a los intereses de los promotores eólicos que a los preceptivos criterios ambientales marcados por la directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, dejando, de este modo, desamparadas, nada menos que, a especies catalogadas «en peligro de extinción».
No han sido los ecologistas los que en la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León han dado su voto para dar de paso, sin empacho alguno, deficientes e interesados Estudios de Impacto Ambiental de proyectos eólicos, firmados por el gabinete ambiental de la misma empresa promotora del proyecto.
No han sido los ecologistas los que han generado este «todo vale» para la eólica, porque es renovable. La energía es un sector estratégico para cualquier sociedad y no puede jamás vivir en la más absoluta desregulación. El sector eólico, al menos en la provincia de León, ha caído en manos de los intereses económicos de los promotores eólicos y de la voluntad almibarada de los representantes de la soberanía municipal.
No han sido los ecologistas los que han echado las cuentas del gran capitán. No han cortado la cinta de megaproyectos industriales, ni han recibido suculentas ayudas por la generación de empleo. Un empleo basado en la premisa de la absoluta desregulación del sector eólico.
No han sido los ecologistas los que «ponen» a su antojo a los urogallos en los bosques. Son ellos, los urogallos, los que nos dicen que merece la pena conservar esos espacios. Pero para no dar pie a mayor escarnio fácil, recordar simplemente que también eso mismo nos lo dicen las leyes. Las directivas europeas, las leyes españolas y también la normativa ambiental de Castilla y León.
No han sido los ecologistas los que han decidido el reparto de fondos para los municipios de nuestra provincia. No son los responsables que en nuestra Diputación Provincial se decida gastar prácticamente la misma cantidad de dinero (siete millones de euros) en fomentar las despilfarradoras e insostenibles estaciones de esquí, que en el Plan Provincial de Obras y Servicios. Tampoco son responsables de que en el año 2009 dicha entidad haya destinado 350.000 ¤ al Fondo de Cooperación Local para municipios de menos de 1.000 habitantes; la misma cantidad que representante el consumo eléctrico de la estación de esquí de San Isidro y bastante menos que el coste (420.000 euros) de su nueva máquina pisapistas.
Así que cada uno -”responsables de la administración autonómica, patronal y promotores eólicos, alcaldes, presidentes pedáneos, vecinos, ciudadanos en general y representantes sindicales-”, se ate los machos y apechugue con lo que le toque, en lugar de arremeter y de calumniar a aquellas personas que, por todo delito cometido, recuerdan a la sociedad que tan importantes y de obligado cumplimiento son las leyes que protegen el medio ambiente, como aquellas otras que defienden la igualdad de las personas ante la justicia o el derecho a la presunción de inocencia. Solamente esperamos que en este caso, como felizmente en otros, se imponga el imperio de la ley y que los tribunales correspondientes establezcan todas y cada una de las responsabilidades a las que hubiera lugar en este mundo de aires revueltos.
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